06 August 2021
El área marina protegida de El Cachucho situada en el Mar Cantábrico ampliará su superficie con el fin de mejorar el conocimiento científico y los valores naturales de este ecosistema marino, frente a las costas del municipio asturiano de Ribadesella, así lo anunció el Gobierno.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España lo ha anunció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado un paquete de medidas de medioambiente, entre las cuales que figura la ampliación de la superficie marina protegida de El Cachucho.
Se trata de un ecosistema marino de tamaño similar a los Picos de Europa, con unos 50 kilómetros de ancho y 20 de norte a sur y cuyo acceso se sitúa a 425 metros de profundidad, que debe su nombre a la cantidad de peces de esta especie que habitan en él y que en 2009 se convirtió en la primera Área Marina Protegida Oceánica de España.
El segundo plan de gestión, actualiza las medidas de conservación a llevar a cabo en esta zona, teniendo en cuenta el conocimiento científico obtenido durante la década a través del Instituto Español de Oceanografía. De este modo, la nueva planificación pretende mejorar la actual herramienta de gestión del área protegida para alcanzar una mayor conservación de sus valores naturales, así como regular sus usos y actividades para fomentar la economía sostenible y la consolidación de una Red Natura 2000 marina eficaz y coherente.
Para ello, el plan establece una zona de máxima protección cerrada a todas las pesquerías con artes que estén en contacto con el fondo y una segunda zona, de amortiguación, en la que está permitida la pesquería con palangre de fondo y líneas con anzuelos solo bajo determinadas condiciones.
También se ha ampliado la superficie de espacio protegido con el fin de cubrir las zonas con presencia de arrecifes, un tipo de hábitat protegido por la normativa europea. La ampliación supone un incremento de 26.714 hectáreas y conllevará que el espacio resultante alcance las 261.664 hectáreas.
El Gobierno ha analizado asimismo dos informes para “redoblar” las políticas de conservación de la biodiversidad, el primero de los cuales hace referencia al estado del patrimonio natural del país que se reflejaba en una ley de 2007, que aún no se había materializado, según ha señalado Ribera.
El segundo alude al cumplimiento de algunos objetivos internacionales para la conservación de especies emblemáticas como el águila imperial, el quebrantahuesos, el oso pardo o el lince ibérico, en las que, sin embargo, se han observado “perdidas o un deterioro importante del capital natural”.
Según ha dicho la ministra, también se ha comprobado que un tercio de la superficie terrestre “presenta excesos en cargas críticas de nitrógeno” o que el uso de productos fitosanitarios “supone una fuente de contaminación importante” del suelo.
Ribera ha recordado que el riesgo de desertificación hace que el 18% del territorio español esté en peligro “alto o muy alto” de sequía, incendios, fragmentación de hábitats, bosques y humedales que se ven amenazados “y que requieren acciones específicas”.
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