Chile es el mayor productor y exportador de cobre a escala internacional, pero de sus suelos también se extrae oro, plata, hierro y litio, el denominado “oro blanco”, cada vez más demandado a nivel global para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y cuyas mayores reservas mundiales, el 52 %, se encuentran en el salar de Atacama.  

La mayor parte de los yacimientos de todos esos minerales se encuentran en el norte del país y es por eso que allí se concentra la actividad minera. Frecuentemente esta industria se ha instalado alrededor e incluso dentro de áreas protegidas que en esta parte del país resguardan sobre todo salares, bofedales y humedales, ecosistemas frágiles donde habitan especies emblemáticas como flamencos, guanacos, vicuñas, pumas y comunidades microbianas conformadas por algas diminutas y bacterias que podrían explicar incluso el origen de la vida en la Tierra. 

¿Cómo puede la minería operar dentro o alrededor de parques y reservas en Chile? A pesar de que la legislación chilena prohíbe las actividades extractivas dentro de las áreas protegidas, si el presidente de la república considera que la explotación es de interés nacional, lo puede autorizar.  

A esto se suma un tema igual de preocupante y es que a pesar de que la ciencia ha demostrado ampliamente la importancia de que estas áreas cuenten con una zona de amortiguamiento, un territorio que la bióloga Cristina Torres describe como “un cinturón de protección ecológico” que reduce las influencias negativas de las actividades humanas, las áreas protegidas en Chile no cuentan con esta figura de protección. 

En Colombia, Uruguay, Bolivia, Perú y otros países de la región, los parques y reservas tienen zonas de amortiguamiento, asegura Torres, quien es coordinadora del programa marino de WWF y experta en gestión ambiental. En Chile, en cambio, las zonas de amortiguamiento no están contempladas en la normativa por lo que existen casos en donde los proyectos mineros operan a escasos metros de sus límites lo que es “increíblemente peligroso”, advierte Torres. 

Aunque la salida a este problema podría estar en la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que, según coinciden diversos expertos, mejoraría considerablemente la gestión de las áreas protegidas —incluyendo el tema clave de las zonas de amortiguamiento—, el proyecto lleva más de diez años en el Congreso y ha pasado por tres gobiernos sin ver la luz.