La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea alcanzaron este jueves un acuerdo político sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para mitad de siglo. 

La Ley de la Restauración de la Naturaleza parte de una propuesta lanzada en diciembre de 2022 por la Comisión Europea para acompasar el paso con los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas. 

Como complemento de otros instrumentos legales de la UE, como las Directivas Hábitas y Aves o la Red Natura 2000, la nueva normativa busca reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050 a través de objetivos vinculantes. 

El acuerdo final contempla que, hasta 2030, se priorice la restauración de los espacios de la red Natura 2000, una de las muchas flexibilidades que se han introducido para forjar un pacto difícil. 

Además, los países tendrán requisitos específicos para corregir la disminución de polinizadores y el objetivo de restaurar para 2030: el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola; mantener madera muerta en los bosques para mejorar la biodiversidad de los ecosistemas forestales; no reducir espacios verdes urbanos y eliminar barreras artificiales de los ríos. 

Para superar el controvertido escollo de la financiación, se acordó que la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario, de las necesidades y, si procede, que haga una propuesta para aumentar la dotación en el presupuesto de la UE. 

Y en un guiño a los agricultores, el texto acordado permite suspender las medidas del reglamento hasta un año por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto. 

No se esperaba que fuera un expediente polémico, pero la ley de la naturaleza, a la que se opusieron desde el principio las grandes explotaciones agrarias, representadas por la plataforma Copa-Cogeca, se envenenó políticamente ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo a mediados de 2024. 

Todo ello generó “una situación inusual”, según la describen fuentes europeas, ya que los Estados miembros llegaron a la negociación final con una posición más ambiciosa que la Eurocámara, que en cuestiones medioambientales suele llevar la delantera. 

El acuerdo político alcanzado en la negociación aún tendrá que ser validado tanto por los Estados miembros a través del Consejo de la UE como por el pleno de la Eurocámara.